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La ONU acusa a Maduro y al gobierno venezolano de “crímenes contra la humanidad”.

La ONG de derechos humanos Foro Penal cuenta con 334 detenidos por motivos políticos en Venezuela.

Ginebra – El presidente venezolano Nicolás Maduro y sus principales ministros están asociados con posibles “crímenes contra la humanidad”, dijo el miércoles una misión de la ONU al presentar un informe que acusa a Caracas de estar “llena de falsedades”.

“La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han estado planificando y llevando a cabo graves violaciones de los derechos humanos desde 2014, algunas de las cuales – incluyendo ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, en un comunicado.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes fueron coordinados y cometidos de acuerdo con las políticas del Estado y con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y altos funcionarios del gobierno”, añadió.

Pero Venezuela denunció un “informe plagado de falsedades, preparado a distancia y sin ningún rigor metodológico por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por los gobiernos subordinados a Washington”, como lo tuiteó el Ministro de Relaciones Exteriores Jorge Arreaza.

Francisco Cox, miembro de la misión, dijo a la prensa que los investigadores habían encontrado pruebas de que Maduro había instruido personalmente de vez en cuando al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) para vigilarlo y arrestarlo.

“Estamos involucrados en los crímenes de Maduro y contribuimos a ellos, ya sea directamente a través de la cadena de mando” o a veces “con órdenes directas”, dijo. “Tenemos buenas razones para creer que se trata de una política de estado […] para sofocar la oposición”, dijo.

“No caigamos en este chantaje”, respondió el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en su programa semanal, refiriéndose al reportaje “plagado de mentiras”.

Venezuela se encuentra en una grave crisis política desde 2015, que se agravó en 2019 cuando el jefe de la legislatura, Juan Guaidó, fue proclamado presidente en funciones después de que el parlamento de la oposición declarara a Maduro “usurpador” tras su reelección en las controvertidas elecciones de 2018.

Para Guaidó, el informe “disipa todas las dudas”: Maduro es un criminal que no sólo apoya el tráfico de drogas y el terrorismo, sino que también comete crímenes contra la humanidad.

El emisario de los Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, lo llamó “extraordinario” porque viene de la ONU. “Es un recordatorio de la esencia del régimen socialista”, dijo.

“Violaciones flagrantes”

En julio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe en el que denunciaba “detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas”.

En esa ocasión, la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas en Venezuela examinó 223 casos, 48 de los cuales fueron investigados a fondo, en un amplio informe de 443 páginas.

Además, investigó otros 2.891 casos para “confirmar los patrones de violaciones y delitos”, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.

Esta misión no pudo visitar Venezuela porque “el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes” y las restricciones aéreas impuestas por Covid-19 y realizó 274 entrevistas remotas, explica el informe.

Si bien reconoció la crisis, la misión observó que “el gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajan con ellos han cometido flagrantes violaciones de los derechos humanos en Venezuela”.

Ejecuciones y torturas

La misión investigó “16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales” y “2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.

Oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas Especiales (FAES) dijeron a la misión que “es una práctica común encubrir los asesinatos colocando armas para simular ‘enfrentamientos'”.

“Los asesinatos parecen ser parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo el disfraz de la lucha contra el crimen”, dijo Valiñas.

La misión investigó las acciones del SEBIN y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y documentó las detenciones, que en realidad eran “desapariciones forzadas temporales”, que incluían “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual” para “obtener confesiones o como castigo”.

Según Cox, los servicios secretos expusieron a los opositores o disidentes a “violencia sexual” y “golpes y descargas eléctricas en los genitales”.

La ONG de derechos humanos Foro Penal cuenta con 334 prisioneros con motivos políticos en Venezuela.

La Misión instó a las autoridades venezolanas a realizar investigaciones “prontas”, “independientes” y “transparentes” sobre las violaciones y los delitos.

Valiñas dijo que organismos como la Corte Penal Internacional (CPI) deberían “considerar la posibilidad de emprender acciones legales” contra los responsables identificados.

La Organización de Estados Americanos también pidió “acción” en presencia de los representantes de Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “La incongruencia no podría ser más sorprendente a la luz del informe que acaba de presentar el propio Consejo. Pedimos a la comunidad internacional que responda”, dijo.

Desde finales de 2015, según la ONU, alrededor de cinco millones de personas han “salido” de Venezuela como resultado de la crisis.