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La autonomía del INE debe ser preservada: Sergio Jacobo, diputado del PRI

Es necesario preservar la autonomía del INE, declaró Sergio Jacobo Gutiérrez, diputado del PRI de Sinaloa, ante las recientes declaraciones del presidente de México.

La autonomía del INE debe ser preservada: Sergio Jacobo, diputado del PRI

La autonomía del INE debe ser preservada: Sergio Jacobo, diputado del PRI

Sinaloa – El gobierno de la llamada Cuarta Transformación quiere el poder absoluto en México y por eso trata de eliminar todo lo que signifique autonomía, según el coordinador de la fracción del PRI en el Congreso de Sinaloa, el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez.

El legislador subrayó que el ejemplo más reciente y sumamente preocupante es la intención del jefe del ejecutivo federal de socavar la autoridad del Instituto Nacional Electoral, señalando que este Instituto no garantiza la celebración de elecciones libres y justas y que, por lo tanto, será él personalmente quien supervise las elecciones.

La autonomía del INE debe ser preservada: Sergio Jacobo, diputado del PRI

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“Encontramos extremadamente alarmante que el Presidente de la República sea aceptado como el guardián de las elecciones. Esta es una interferencia completamente inapropiada en el proceso electoral. Ya tenemos guardianes de las elecciones: Son los partidos en competencia y son los organismos electorales burgueses”, dijo.

Ante esta situación, hizo un llamado a la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas para evitar que el Presidente de la República violara la autonomía de un organismo que juega un papel fundamental en el proceso democrático de México, como es el Instituto Nacional Electoral.

“Este gobierno de la llamada Cuarta Transformación es alérgico a todo lo que suene a autonomía. Lo que quiere es control y poder absolutos”, dijo.

dijo: “La Constitución, ni ninguna ley, otorga al Presidente de la República poderes en materia electoral reservados a los organismos constitucionales autónomos como el INE y el Tribunal Electoral.

Para el legislador del PRI El ejecutivo federal debe abstenerse de cualquier interferencia en el proceso electoral. Está obligado a cumplir la ley y a evitar utilizar programas y recursos públicos en beneficio de un partido político.